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La sentencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos respecto a la “Doctrina Parot”

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El 6 de diciembre del 1988, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por violación del derecho a un proceso con todas las garantías en el caso Barberá y Messegué vs. España. El problema era que no había un cauce establecido para aplicar en España las sentencias del TEDH. No parecía razonable mantener en prisión a Barberá y Messegué (que llevaban presos desde el 14 de octubre de 1980) cuando el juicio por el que habían sido condenados no había sido justo. No es que fueran inocentes, pero prorrogar la prisión equivalía a convalidar la ilegalidad por la que habían sido condenados.

El Supremo, sin embargo, declaró que las sentencias del TEDH  tenían naturaleza declarativa y no fuerza ejecutiva, y se negó a anular las condenas contra Barberá, Messegué y Fajardo. Pero, en 1991, el pleno del Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente la pena de prisión y anuló las resoluciones de la Audiencia y del supremo, declarando que aunque las sentencias del TEDH no tienen efectos ejecutivos en España, son “obligatorias y vinculantes para nuestro Estado”. Link a la sentencia (http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=18510 ).

La decisión del Tirbunal Constitucional, suponía de hecho otorgar eficacia de Derecho interno a una sentencia del TEDH, exigiendo un cumplimiento estricto de las sentencias del TEDH, que no se ha llevado a cabo en más de doscientas sentencias anteriores a la dictada en el día de ayer, respecto de la terrorista recurrente de la llamada “Doctrina Parot” Inés del Río, a estas horas ya en libertad en cumplimiento estricto de esta sentencia.

El contenido del recurso de la condenada por terrorismo, versaba acerca de si se debía aplicar la reducción de pena a cada una a las que había sido condenada de forma sucesiva, o a la pena total a cumplir de forma efectiva. El Tribunal Supremo resolvió aplicar este beneficio a cada una de las penas a cumplir; y el Tribuanl Europeo de Derechos Humanos ha resuelto que esta doctrina infringe los derechos del penado, al vaciar de contenido efectivo este beneficio, lo que supone una conculcación de sus derechos humanos y una postergación de la finalidad resocializadora de la pena, que legalmente es la esencial, ante el efecto punitivo de la misma.

Esta puesta en libertad, es el preludio de las que se producirán en lo sucesivo por idéntico motivo, respecto de los restantes convictos de todas clases en idénticas circunstancias.

Debemos recordar, que la Gran Sala del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos no es un órgano jurisdiccional puro, sino una institución internacional creada por un tratado diplomático; es decir, por voluntad política, por lo que no puede hablarse de “respeto a la independencia de los jueces”. Sobre todo, si tenemos en cuenta que Luís López Guerra, miembro español de esta Gran Sala, ha votado en contra de España. El dato a tener en cuenta, es que dicho señor no es juez ni magistrado, sino diputado por el PSOE en la Asamblea de Madrid y es constitucionalista, carece de formación especializada en Derecho penal, y fue nombrado para ese puesto por el Presidente del Gobierno del momento, cuando comenzaron las negociaciones con ETA, a sabiendas de que en el año 2000 el sr. López Guerra manifestaba que el terrorismo era “un problema político”.

En todo caso, el Ejecutivo español está plenamente facultado, para con el respaldo absoluto del Legislativo, no cumplir esta resolución de Estrasburgo en ejercicio de la soberanía nacional de España. Si por el contrario se acata y se cumple, será también signo de una decisión política del Gobierno, en la dirección contraria. Digan lo que quieran los ministros de Justicia e Interior, esta sentencia no es inevitable.

Y con esta información, que cada uno piense lo que quiera.